*La iniciativa fue presentada por el Diputado Epifanio López Garnica, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD.
Toluca, Méx.- Incluir el concepto de competitividad en la Constitución Política estatal, con el objetivo de enfatizar los principios rectores de la actuación gubernamental para fomentar el crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, es el objetivo de la iniciativa de reforma a los artículos 18 y 139 de la Constitución Política estatal, presentada por el Diputado Epifanio López Garnica, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD.
La iniciativa, presentada en sesión del Tercer Periodo Ordinario, se deriva de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto que modifica la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorporar el concepto de competitividad, como rasgo estratégico del desarrollo nacional.
Además de una plena armonía entre la legislación estatal y nacional, los Diputados del PRD consideran fundamental el aumento de la competitividad de nuestra entidad y su inclusión en el diseño de las políticas públicas tendientes a fomentar el desarrollo económico y social, así como a mejorar las condiciones de vida de la población.
En este sentido, el documento turnado a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero, refiere que este concepto promoverá el diseño de medidas orientadas a fortalecer la capacidad del sector para producir bienes y servicios de forma eficiente a partir de precios accesibles para la población.
Esta reforma, de ser avalada, obligará a las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus competencias, a diseñar políticas que atiendan los rubros que conforman las condiciones de competitividad, entre las cuales se encuentran los sistemas tributarios, educativo, de ciencia, innovación y tecnología, logística y comunicaciones, estímulos para el uso racional de la energía, para favorecer la competencia económica, contar con condiciones favorables del mercado laboral, el fortalecimiento de los procesos de mejora regulatoria y la consolidación de la cultura de la legalidad, entre otros.
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