*La iniciativa fue presentada por el gobernador, Eruviel Ávila Villegas, y plantea un programa de tratamiento de rehabilitación a quienes hayan cometido conductas delictivas como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos, o sustancias tóxicas.
*El Diputado Armando Portuguez Fuentes presentó una iniciativa de Ley para la reparación del daño de los derechos humanos.
Toluca, Méx.- Aplicar un programa de tratamiento de rehabilitación con supervisión judicial a los imputados que hayan cometido conductas delictivas como consecuencia del consumo de bebidas alcohólicas, narcóticos o sustancias tóxicas, mediante la suspensión condicional del proceso a prueba e instituir el Tribunal de Tratamiento de Adicciones, con la finalidad de evitar la reincidencia delictiva, la recaída en el consumo de sustancias y así lograr su reinserción social, es el propósito de la iniciativa de reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado de México, presentada por el gobernador Eruviel Ávila Villegas a la LVIII Legislatura mexiquense.
En sesión del Quinto Periodo Ordinario, presidida por el Diputado Armando Portuguez Fuentes (PRD) quien presentó la iniciativa de Ley para la Reparación del Daño de los Derechos Humanos, los diputados locales también turnaron a comisiones las propuestas del Grupo Parlamentario de PRI para crear Centros de Control de Gestión en determinados municipios y armonizar la legislación de protección a menores con instrumentos internacionales.
Al dar lectura a la iniciativa remitida por el gobernador Eruviel Ávila, la Diputada Silvia Lara Calderón (PRI), explicó que pretende incorporar al citado Código el capítulo de Suspensión Condicional del Procedimiento a Prueba para Personas con Adicciones e instituir el Tribunal de Tratamiento de Adicciones.
Establece como principio básico del programa de tratamiento de rehabilitación con supervisión judicial, reconocer que la adicción es una enfermedad mental crónica y recurrente que afecta el comportamiento y las emociones de las personas, la cual se caracteriza por el consumo repetitivo de la sustancia a pesar de las consecuencias negativas y la aparición de estados físicos y psicológicos anormales al suspender el consumo, entre otros aspectos.
Considera necesario que las cortes, juzgados o tribunales de tratamiento de drogas sean un mecanismo de justicia alternativa que permita ofrecer una opción a las personas que presentan problemas de adicción y que han cometido algún delito menor, para que en lugar de ser privadas de su libertad, acudan a una instancia de tratamiento bajo supervisión judicial.
Propone también que, bajo la dirección y coordinación del juez de control especializado en materia de Tratamiento de Adicciones, sea corresponsabilidad de la Procuraduría General de Justicia, el Instituto de la Defensoría Pública, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de las unidades administrativas que designen su normatividad, participar en el cumplimiento del objetivo de la suspensión del proceso a prueba para personas con adicciones.
La propuesta, cuyo estudio y dictamen estará a cargo de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, incluye los requisitos que deberán cumplir los imputados para participar en este mecanismo de solución de controversias.
RESARCIMIENTO DE DAÑOS CAUSADOS POR SERVIDORES PÚBLICOS
Con el objetivo de crear la legislación necesaria para que el Estado de México cuente con los mecanismos de reparación de los derechos humanos que pudieran ser vulnerados por parte de servidores públicos, el diputado Armando Portuguez Fuentes, en nombre del Grupo Parlamentario del PRD, presentó la iniciativa para expedir la Ley para la Reparación del Daño de los Derechos Humanos, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos.
Remitida a las Comisiones de Derechos Humanos y de Gobernación y Puntos Constitucionales, pretende que el Poder Judicial supervise el cumplimiento del pacto social y los tratados internacionales en materia de protección a los derechos humanos, y se instituya una Sala Especializada en Derechos Humanos, además de que los servidores públicos del Poder Judicial también sean susceptibles de recomendaciones por actos u omisiones que se encuentren fuera del proceso judicial o bien por situaciones del ámbito administrativo.
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